Proceso de Reorganización Nacional

 

Proceso de Reorganización Nacional
(1976-1983)

 A fines de la década del sesenta y comienzos del setenta, en Latinoamérica se había dado el surgimiento de gobiernos progresistas, Estados Unidos, sin intervenir abiertamente, optó por una política de desestabilización de estos gobiernos y un apoyo logístico secreto a los golpistas, utilizando como fuerza de ejecución las distintas fuerzas militares de cada país latinoamericano. Los cambios buscaban  instaurar un modelo económico común, que se veía  como el único posible: el neoliberalismo, donde prime la “economía de mercado”.

En este sentido el 24 de marzo las Fuerzas Armadas detienen a la presidente constitucional María Estela Martínez de Perón, y “visto el estado en el que se encontraba el  país, proceden a hacerse cargo del gobierno de la República.  Para ello ponen por encima de la constitución nacional el estatuto que habían creado. Inmediatamente proceden a declarar caducos a los gobernantes nacionales, provinciales y municipales, sus legislaturas, la Corte Suprema de Justicia de la Nación y Tribunales provinciales. También suspenden la actividad política y gremial en todos los ámbitos del país.

Por otra parte la Junta Militar se encargó  de designar al presidente de la Nación y a los interventores militares, quedando de esta manera el teniente general Jorge Rafael Videla como presidente de la nación.

Jorge Rafael Videla

Entre los objetivos que planteaba este gobierno estaba la soberanía política, basada en el accionar de instituciones constitucionales atendiendo al interés nacional, manteniendo siempre los valores de la moral cristiana, de la tradición nacional y de la dignidad del ser argentino, lo cual se podría lograr a  través del trabajo fecundo, con igualdad de oportunidades y un adecuado sentido de justicia social.

Sin embargo en este periodo muy triste de la historia argentina, podremos ver  que en ningún momento tuvieron en cuenta el interés nacional, porque derrumbaron su industria, dando inmensas concesiones a los capitales extranjeros (que no vinieron para invertir sino para especular); que instalaron una corrupción generalizada que se encarnó en el poder y que fue difícil de erradicar; que asesinaron a miles de personas, torturando, violando, robando, destruyendo la dignidad del ser humano; que no hubo bienestar general sino que el salario real fue descendiendo cada vez más; que se destruyó la salud y no se dieron planes de vivienda; que se emprendió una guerra para conseguir el poder, enviando a la muerte a muchos  jóvenes; que la “estrategia global contra la subversión” fue llevada a cabo sin leyes, empleando el terrorismo de Estado que es la utilización sistemática de la violencia a través del aparato estatal para intimidar a los disconformes, involucrando en ese terror a la mayoría de la sociedad civil.

El terror del Estado, desarmando familias, matando dirigentes sindicales o  delegados u obreros contestatarios, desapareciendo madres embarazadas, vendiendo o regalando sus bebés, persiguiendo jóvenes y ancianos, haciendo lo inimaginable para convocar al espanto y silenciar a la sociedad.

La política económica de la dictadura

Al inicio de la dictadura asume como, ministro de economía José Alfredo Martínez de Hoz, quien para detener la inflación propuso  el  liberalismo, alegando que se debía reducir el déficit fiscal e impedir los aumentos de salarios, de esta forma se podría aumentar la eficiencia de la industria para adaptarse a las exigencias del mercado internacional, y pasar de ese modo a ser exportadores industriales.

Para que esto funcione sostenía que era necesario  hacer jugar las leyes del mercado y que el estado solo debía controlar que no se aumentaran los sueldos. Sin embargo esta propuesta no beneficiaba a los trabajadores quienes eran los compradores de los productos que se ofrecían y por lo tanto provocaba una reducción del mercado.

Algunos aspectos que puedo recatar de este período  son: inflación institucionalizada la cual en una  etapa de recesión tan dura como la que se estaba viviendo, era producto de la liberación de precios, la especulación financiera, las altas tasas de interés y la continua entrada de créditos del exterior.

La “plata dulce” El peso sobrevaluado (es decir, con el precio del dólar muy barato, fijado artificialmente por el gobierno) hizo posible una época de consumismo desenfrenado que llevaba a importar todo. En cinco años cayó la producción industrial en un 20%, así como también la mano de obra ocupada en las mismas.

Se consideraba “inversión extranjera” a la compra de empresas argentinas (lo que en realidad era una desnacionalización), y se les daba las mismas facilidades que a las empresas argentinas para obtener créditos, por lo que muchas veces esas supuestas “inversiones” estaban financiadas en realidad con ahorro nacional y tenían la posibilidad de enviar luego al extranjero sus ganancias. La fuga de capitales se pudo medir en miles de millones de dólares entre 1976 y 1981.

Con la política económica de la dictadura, la deuda creció velozmente, llegando al final de su gestión con 44.000 millones de dólares de deuda externa.

Para 1981 en plena crisis económica, el descontento popular se hacía sentir La única forma de parar el descontento popular sin dar la salida política que el pueblo quería, era recuperar una parte de nuestro territorio que había sido arrebatada por los ingleses, en 1833: las islas Malvinas. Pensaron que si lo lograban, la ciudadanía no sólo se olvidaría de sus reclamos sino que lo consagrarían como héroe nacional.  Cruel realidad fue que las fuerzas argentinas perdieron en combate quedando  muerto 730 personas (la mayoría jóvenes soldados), y casi un millar más estaban heridos.

Guerra de las Malvinas.

En abril de 1983 las Fuerzas Armadas redactaron un “Acta Institucional” donde reconocían la responsabilidad por las acciones antisubversivas, declarando muertos a todos los detenidos-desaparecidos que no estaban en la clandestinidad o en el exilio. No querían la revisión de los hechos, ya que ellos estaban “sujetos al juicio de Dios”, porque lo suyo habían sido “actos de servicio”. Para cubrirse ante las posibles acciones de un gobierno democrático, sancionaron un decreto-ley de “autoamnistía”, mediante la cual se eximía a los responsables de cualquier acusación. Fue rechazada por movilizaciones con decenas de miles de personas y cuando llegó la democracia fue revocada por ley del nuevo Congreso.

Las elecciones se realizaron el 30 de octubre de 1983: había ganado por más del 50% el candidato radical Raúl Alfonsín, recibiendo no sólo los votos de su partido sino también algunos votos peronistas disconformes y otros de gente de centro, que quería un gobierno tranquilo y respetuoso de sus derechos.